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El lado oscuro de las instituciones judiciales

Alejandro González Silva

"En cada Estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes, y el ejecutivo de las que pertenecen al civil"

Estas fueron las grandes ideas que dejó de manifiesto para la historia el padre de la separación de poderes, Montesquieu(filósofo y jurista ilustrado) en su obra principal denominada "El espíritu de las leyes".

El poder político no debe estar concentrado en una sola persona. Con el objetivo de aportar equilibrio entre las distintas fuerzas sociales (pueblo, aristocracia y rey), los diferentes poderes deben ser independientes y ejercidos por distintas instituciones.

Estas ideas de gran novedad, en el momento histórico que consiguen ver la luz, causan un punto de inflexión en los sistemas políticos del momento, desplazando el monopolio del poder en manos de los monarcas absolutistas de la época.

Estas garantías políticas-institucionales permanecieron durante años en vigor, no obstante, en los últimos tiempos se tornan inciertas.

Resulta una absoluta obviedad afirmar que el Consejo General del Poder Judicial* se ha encontrado y se encuentra en tela de juicio desde hace años. Procederemos a incidir en cuales son aquellos motivos que forman el caldo de cultivo de esta situación; para ello de forma previa deberemos focalizar nuestra atención en un momento histórico.

Concretamente en el año 1985, período de gobernación a cargo de Felipe González, en su poder una mayoría absoluta, observó que los jueces elegidos por el sistema previo, regulado por la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, de 10 de enero de 1980, no se plegaban al Poder Ejecutivo. Es por ello que se produjo un cambio.

¿El pretexto? Que la soberanía popularpor medio de su representación eligiera a los mejores, evitando el amiguismo entre los jueces. Generando una alta repercusión; tal y como podemos apreciar mediante la afirmación del entonces vicepresidente del gobierno Alfonso Guerra:“Montesquieu ha muerto”, refiriéndose de forma clara a la separación de poderes existente en un estado democrático pleno.

La situación expuesta fue agravada por José María Aznar debido al incumplimiento de una de sus promesas electorales, devolver al CGPJ su independencia perdida. Tal realización nunca llegó a producirse.

Esta reforma ha sido objeto de debate, trasladándose hasta nuestros días.

Los partidos políticos han tratado de controlar la institución judicial (el órgano de gobierno de los jueces), de tal manera, que el verdadero objeto de esta búsqueda es, a través de ese control indirecto,  colocar en nombramientos judiciales importantes a personas afines a cada partido. En algunos países esta elección se realiza a potestad de los propios jueces, eligiendo a sus máximos responsables; en cambio, en nuestro caso particular, esta elección es realizada por el Parlamento.

Algunos agentes políticos como la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia, al igual que el resto de las asociaciones judiciales y fiscales, apuestan por un cambio de elección de vocales del consejo; desembocando así, a que sean los propios jueces los electores de sendos vocales de extracción judicial.

Tal ha reflejado en la historia el fabulista de la Antigua Grecia, conocido como Esopo: “Las palabras que no van seguidas de hechos, no valen para nada”.Es por ello, que analizaremos varios supuestos de forma pormenorizada que puedan esclarecer los argumentos anteriormente mencionados.

Los indicios de esta imparcialidad se torna un secreto a voces desde la propia Moncloa, mediante la figura de Pablo Iglesiasmanifestando que la prueba de que la “judicialización” del procés fue un error, es que “muchos tribunales europeos" han quitado "la razón” a jueces españoles, y que eso ha supuesto una “humillación” para España.

El Gobierno respondió al CGPJ, sin citar a Iglesias, reivindicando la “libertad de expresión” y reclamando la renovación de la cúpula del gobierno de los jueces.

La rápida reacción del Poder Judicial, suscrita por unanimidad de los ocho miembros de la comisión permanente (el principal órgano de decisión del CGPJ), hace prever una relación tensa entre ambas instituciones muy alejadas ideológicamente, consecuencia de la composición actual del CGPJque responde al tablero político de 2013, cuando el Partido Popular gobernaba con mayoría absoluta.

En síntesis, el gran perjuicio causado por esta situación, es la posibilidad de hacer quebrar la confianza del ciudadano en sus propios tribunales, desembocando en una pérdida de confianza en sus instituciones, las cuales son garantes de su protección.

Devolver al Poder Judicial su independencia es una asignatura pendiente, pero no parece interesar a ningún partido político. Al fin y al cabo, si se permite que el CGPJsea elegido por jueces los partidos políticos perderían influencia sobre los mismos, y la historia de este país ha demostrado en muchas ocasiones que unos jueces independientes podrían dar muchos quebraderos de cabeza al Ejecutivo.

 

 

*Órgano constitucional, cuya función principal es la de garantizar la independencia, la profesionalidad y excelencia de los jueces españoles, entre otras como la participación en las decisiones relativas al funcionamiento del sistema judicial. Destacando su competencia en materias de nombramientos de cargos discrecionales, tales como, el Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, y a su Vicepresidente y Vicesecretario respectivamente, a los magistrados del Tribunal Supremo y Presidentes de Tribunales y Salas, al Secretario General, entre otros. 

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